Cuando el dolor no puede ser ajeno

En 1976 yo tenía dieciséis años, vivía en Unquillo y mis únicas preocupaciones tenían que ver con el estudio, algún desengaño sentimental y las discusiones con mis compañeros de cuarto año para ver dónde nos iríamos de viaje de fin de curso. La política no era tema de discusión habitual en casa; yo simpatizaba secretamente con el peronismo, pero como mi papá era radical la cosa no daba para mucho diálogo. Que yo recuerde, en mi familia nadie militó en ningún partido; sospecho que mi abuelo español era franquista porque odiaba al comunismo, y mi mamá solía contar que cuando era jovencita se había tenido que afiliar al peronismo para conseguir trabajo, pero la participación política de los Fernández y González de quienes desciendo (que no tienen nada que ver con los que hoy están en el gobierno, esos venían en otro barco) terminaba ahí.

Mi entorno se parecía y se parece al de miles de argentinos: no tengo ningún pariente o amigo militar, ni represor, ni guerrillero, ni muerto en un enfrentamiento, ni desaparecido, y no sé si alguna vez estuve cerca de que me llevaran por error, o porque mi nombre estaba en alguna lista.

Pero aunque mi paso por la historia de los ´70 haya sido anónimo y silencioso, no por eso dejé de estar ahí. Sabía de los guerrilleros liberados por Cámpora, de un Perón que había echado a los imberbes de la Plaza de Mayo, de la triple A, de los artistas prohibidos, de la nefasta influencia de López Rega sobre Isabelita, de los incontables paros, del ERP, de los Montoneros, de las bombas que ponían, de los secuestros, de los enfrentamientos, y del miedo y la impotencia que provocaba en la gente común, la que no militaba en política y sólo quería trabajar y vivir tranquila, el no saber qué estaba pasando, por qué un grupo con ideas extremas, ideas que venían de afuera, quería tomar el poder. Porque el marxismo no era cosa nuestra; lo nuestro era el peronismo, el radicalismo, pero esos tenían las ideas del Che, de los rusos…

Y entonces llegaron ellos, los salvadores de la patria. Hombres que parecían incapaces de hacer algo que empañara su buen nombre y honor, y el de la institución que representaban. La “reserva moral” del país, en la que muchísima gente creía. Al parecer, mientras uno saliera con el documento en el bolsillo y no se metiera en nada raro, no había qué temer; lejos estábamos de imaginar que el concepto de “andar en algo raro” pudiera ser tan amplio como para abarcar a quienes hacían trabajo social en las villas, a estudiantes, curas, docentes, médicos, gremialistas y cuantos lucharan por un país más justo, aunque sólo fuera con la palabra.
Para cuando volvió la democracia, el descrédito de los militares era insoslayable pero no por sus violaciones a los derechos humanos, de las que nos enteraríamos con toda crudeza poco después, sino por otros motivos que ahora no vienen al caso. Recién con el informe de la Conadep se nos cayó la venda de los ojos y vimos lo que en su momento no supimos o no pudimos ver: que los militares, en su afán de “aniquilar” a la guerrilla, habían matado y desaparecido a miles de inocentes. Que la ética, la justicia y la legalidad habían sido pisoteadas por quienes se decían sus más acérrimos defensores.

Se juzgó a los responsables, se alcanzó a condenar a algunos, pero las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, más los indultos de Menem, echaron por tierra uno de los primeros logros de la democracia. Aunque tal vez tenía que ser así; tal vez eran necesarios casi treinta años para que toda la sociedad, y me incluyo, terminara de entender hasta dónde había llegado el puñal, hasta dónde toda una generación había sido primero mutilada, y después, despolitizada.

Hoy, más exaltados o sufrientes unos, más calmos y ecuánimes otros, todos sabemos lo que pasó.

También sabemos que el Estado debe actuar dentro de la ley: un guerrillero, o cualquiera que cometa un acto ilícito, debe ser juzgado y condenado, nunca desaparecido, nunca torturado, nunca enterrado en una fosa común. Tenemos leyes, tenemos una Constitución que hay que respetar.

Al amparo de esas leyes y esa Constitución, hace unos días el general Luciano Benjamín Menéndez fue juzgado y condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad; cómo se habrán respetado sus derechos, que el presidente del Tribunal hizo retirar de la sala a una mujer que lo interrumpió mientras él, el acusado, hablaba. Escuché su alegato personal, en el que ni siquiera hubo un atisbo de autocrítica, y no pude menos que sentir pena por ese hombre viejo, con un rostro en el que ningún músculo dejó traslucir algo parecido a un sentimiento. Un hombre viejo que en pocos años morirá en una cárcel (o en su casa, qué importa) convencido, absolutamente convencido, de que se ha cometido con él una injusticia y sin haber entendido que hizo cosas monstruosas, de esas que a cualquier otro ser humano le habrían quitado el sueño por el resto de sus días. Un hombre viejo anclado en el pasado, con la mente y el corazón cerrados a la posibilidad de recibir el perdón humano y tal vez el divino: mal puede ser perdonado quien no reconoce ninguna culpa, y que no se arrepiente de nada.

Entre los que estaban presenciando cómo juzgaban a ese hombre viejo, había mujeres con pañuelos blancos en la cabeza que esperaban ansiosas, porque a ellas también se les va la vida, que se hiciera justicia por sus hijos muertos o desaparecidos. Una de ellas, Sonia Torres, lo dijo más o menos con estas palabras: “Que la justicia se apure, porque a muchas de nosotras nos queda poco tiempo”. Como mujer, como madre, no puedo menos que entender a esas mujeres: si a mí me hubiera pasado lo mismo que a ellas, probablemente sería una de ellas. Sus hijos no tuvieron la posibilidad, que sí tuvo el general Menéndez, de ser juzgados; eso lo que hoy debe importarnos, si queremos que nunca más alguien deba esperar treinta años para que se haga justicia, para que un asesino pague por sus crímenes.

Y si de hacer justicia se trata, dejemos de escuchar una sola campana; si oímos varias, nos quedará claro que no todos los militares y policías fueron represores, asesinos o torturadores; que no todos los desaparecidos eran guerrilleros, hubo muchos inocentes; que una cosa es ser idealista y otra salir a poner bombas; que una cosa es tomar prisioneros de guerra y otra muy distinta torturar y desaparecer gente. Y que más allá de los errores y culpas de unos y otros, está el dolor de quienes han perdido a un ser querido en esa ¿guerra?, ¿revolución?, que tanto mal nos hizo a los argentinos: el sufrimiento de los familiares de policías y militares muertos en enfrentamientos y atentados no es menor que el de los familiares de los guerrilleros muertos y desaparecidos, o de tantos inocentes que cayeron en la volteada.

Y ese dolor no puede ser ajeno, porque podría ser nuestro. Cada uno de nosotros podría tener un padre, un hijo, un hermano, muerto en un enfrentamiento entre guerrilleros y militares, enterrado envuelto en una bandera y con todos los honores o en una ceremonia íntima, pero enterrado al fin. Pero también cada uno de nosotros podría tener un desaparecido en la familia. Piense por un momento, sólo por un momento, que podría ser usted el que busca a un hijo, a su padre, a su hermano, desde hace más de treinta años; que no sabe con certeza cómo murió ni dónde está enterrado, que no tiene una tumba donde llorarlo. Creo que es casi inimaginable, que sólo quienes lo han vivido en carne propia saben qué se siente, hasta dónde duele.

Si tratamos de entender el dolor del otro, si lo despojamos de su filiación política y lo vemos sólo como sufrimiento por el que no está; si dejamos de pensar que todo es blanco o negro y empezamos a reconocer los infinitos matices de gris que dan luz y sombra a la vida humana, le haremos al país, y a nuestros hijos, y a nosotros mismos, un favor enorme.